Eliminar la UF, más allá del populismo

Por Camilo Cornejo Orellana (Académico Ingeniería Comercial de la Universidad Andrés Bello)

                                       Comenzaré planteándole una pregunta al lector: si le ofrecieran la opción de recibir $100.000 pesos mediante asignación directa, sin ningún trámite más que aceptar la propuesta, pero con tres modalidades de depósito, ¿cuál elegiría? La primera opción es recibir la totalidad del dinero hoy, la segunda es un 50% hoy y el 50% en un año, y la tercera, todo dentro de un año. La respuesta parece evidente: preferiríamos el dinero hoy. Y esto se debe a tres factores fundamentales.

El primero es el costo de oportunidad, ya que al recibir el dinero ahora puedo invertirlo durante 12 meses y generar mayores ingresos en el futuro. El segundo es el riesgo, ya que recibir el dinero hoy evita el riesgo de no recibirlo en el futuro (aunque este riesgo sea mínimo). Por último, está la inflación: el dinero de hoy tiene mayor poder adquisitivo que el de dentro de un año. Precisamente por esta razón, se utilizan los contratos en Unidad de Fomento (UF), que ayudan a proteger contra la pérdida de valor del dinero debido a la inflación. La UF ha proporcionado estabilidad en sectores como el financiero, educativo, salud, arrendamientos y otros, al ajustarse al IPC.

Si se eliminara la UF como instrumento para gestionar estos contratos, las consecuencias para la clase media podrían ser negativas. Por ejemplo, en un contrato hipotecario calculado con una tasa fija, el pago mensual en UF permite que el banco cobre una tasa más baja, ya que reduce el riesgo y ajusta la inflación. Sin embargo, si la UF se elimina, el banco tendría que recurrir a una tasa ajustable (tasa real más ajuste del IPC), y además tendría que incrementar la tasa real para cubrir el riesgo de futuros aumentos en la inflación. Esto resultaría en pagos mayores para los usuarios.

Además, los requisitos para obtener un crédito hipotecario aumentarían, pues al incrementar el riesgo, los clientes deberán ser re-categorizados y solo aquellos con mayor capacidad adquisitiva podrán acceder a los créditos, lo que reduce aún más las opciones de muchas familias para comprar una vivienda. Este escenario también impactaría negativamente en la asignación de créditos de largo plazo, como los hipotecarios, ya que se reduciría el tiempo y los montos aprobados, lo cual no favorece el desarrollo económico y financiero del país.

Este análisis también es aplicable a otros contratos de prestación de servicios. Algunos legisladores justifican la eliminación de la UF argumentando que, si nos pagan en pesos, nuestras deudas también deberían estar en pesos. Sin embargo, la UF no es el problema, sino una herramienta de estabilización. El verdadero problema es una inflación descontrolada, como la que alcanzó el 11,65% en 2022, lo que afectó gravemente a la economía. Lo relevante es que los contratos basados en la UF están altamente regulados y permiten a los consumidores acceder a bienes y servicios con mayor facilidad, al brindar una mayor previsibilidad frente a la inflación.

Más allá del debate en un momento electoral, este tema debería ser un analizado cuidadosamente, y al parecer la decisión está en manos del Sernac, la Superintendencia de Salud y Previsión, y el Banco Central, quienes deberán evaluar los efectos negativos a futuro. ¿Qué soluciones existen? Es necesario incrementar los recursos destinados a dinamizar la economía, lo que aumentaría el poder adquisitivo. Además, se debe fortalecer el presupuesto del Banco Central para que pueda controlar la inflación, que aunque no puede ser eliminada, sí puede ser gestionada mediante metas inflacionarias.