Carla Alegría Vásquez: el rol clave (y riesgoso) de los administradores municipales

Por Carla Alegría Vásquez (cientista política)

                                   En cada comuna de nuestro país, existe una figura clave en la gestión pública que, sin embargo, pasa casi inadvertida por la ciudadanía: los administradores municipales. Son ellos quienes firman resoluciones, coordinan el uso de fondos públicos, lideran los equipos técnicos, y muchas veces, tienen la ingrata tarea de poner freno a decisiones populistas e ilegales impulsadas por alcaldes o alcaldesas que, por temor a perder popularidad o votos, prefieren actuar con el corazón por delante de la ética y la legalidad.

El administrador municipal no es una figura decorativa. Muy por el contrario, se trata de un cargo de alta responsabilidad y con atribuciones que, si bien están supeditadas a la autoridad del jefe comunal, tienen un peso técnico fundamental. Son quienes viabilizan —o detienen— la ejecución de los recursos municipales. A pesar de esto, no aparecen en la fotografía, no dan entrevistas, ni cortan cintas. Trabajan desde las sombras, pero son un engranaje clave del aparato comunal.

En la práctica, muchas veces se enfrentan al dilema central de esta columna: administradores municipales, ¿cómplices o técnicos?. ¿Tienen libertad para actuar con autonomía? ¿O son simples ejecutores de órdenes políticas que pueden rozar —o cruzar— los límites de la legalidad?

Muchas veces la comunidad no comprende por qué no se puede resolver una necesidad urgente. Lo cierto es que en Chile, gran parte de los dolores de los territorios carecen de ítem presupuestario legal para abordarlos. Esto ha generado que algunos alcaldes, quizás con un gen estilo Robin Hood, elijan saltarse la ley bajo la excusa del “amor al pueblo”. Pero ese amor, mal entendido, se vuelve irresponsable. Es el amor que mata: el que utiliza recursos sin respaldo normativo, el que contrata a dedo, el que malgasta dineros públicos para fines personales o electorales.

Y cuando todo se desmorona, cuando llega la investigación, cuando suenan las alarmas, comienzan los descargos: “fue sin querer”, “todo por ayudar”, “nos duele a todos”, “mi familia ha sufrido”. Pero mientras tanto, ¿quién asume el costo real? Muchas veces, los administradores municipales, técnicos honestos que vieron, firmaron o no se atrevieron a frenar lo indebido, quedan expuestos a denuncias por presunta malversación, uso indebido de fondos o falta a la probidad.

Y es que este es el cargo que puede costarte la cárcel. Literalmente. La línea entre lo administrativo y lo político está tan difusa que quien firma, muchas veces, es quien paga. No lo digo para justificar sus actos, sino porque, al momento de una investigación, eso es lo que pesa.

Como ciudadana, me frustra saber que tenemos herramientas para enfrentar esto, pero no las usamos. El Congreso no ha legislado con decisión sobre los límites y atribuciones de los alcaldes. La ciudadanía puede presentar requerimientos en Contraloría, denunciar en la Policía de Investigaciones, incluso contratar abogados. Pero también verá cómo se despliega una red de protección basada en vínculos familiares, clientelismo político y favores cruzados. Programas públicos llenos de familiares, operadores y conocidos ocupando cargos financiados por ítems que nada tienen que ver con sus funciones.

¿Podremos avanzar con los SLEP? ¿Con una nueva estructura educativa que promueva transparencia y meritocracia? ¿O seguiremos viendo profesores ausentes, contratos por conveniencia y recursos desviados desde educación a turismo, brigadas u otras áreas fuera de foco?

Hoy, más que nunca, necesitamos fortalecer la figura del administrador municipal. Que se reconozca su labor, que se formen con ética, que se les respalde cuando se atrevan a decir “no” frente a lo indebido. En los 345 municipios de Chile, hay pocas mujeres en estos cargos. Pero aquellas que lo asumen, que lo enfrentan con responsabilidad, merecen respeto. Aunque el alcalde grite, presione o amenace, su deber es con la ciudad, no con su jefe político.

Porque así como cuidamos la economía familiar, debemos cuidar el municipio: ese hogar común que debe estar al servicio de todos, no al servicio de unos pocos que después dan entrevistas sobre lo difícil que ha sido el proceso judicial al que son sometidos por una clara actitud de “se puede todo”, cuando sabemos que los recursos son escasos.

(El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de Séptima Página Noticias).