¿Quién mata a los humedales?

Por Carla Alegría Vásquez (cientista política)

                                      Durante los últimos tres meses he conversado con técnicos, profesionales independientes y funcionarios del sector público y privado que trabajan en temas medioambientales. El diagnóstico es claro y compartido: la protección de los humedales en Chile es escasa, desigual y, muchas veces, contradictoria, incluso dentro del propio Ministerio del Medio Ambiente.

Si usted es de Linares o de sus alrededores, seguramente ha oído hablar del humedal Ayügun. Para algunos, no califica como tal por no contar con un afluente de agua visible o permanente. Para otros, basados en los criterios de la Convención Ramsar —acuerdo internacional sobre humedales de importancia ecológica— sí lo es. Ramsar define un humedal como un ecosistema natural o artificial, permanente o temporal, con agua estancada o corriente, dulce, salobre o salada. No se requiere un curso de agua superficial continuo; basta con que el área albergue biodiversidad relevante o cumpla funciones ecológicas, sociales o culturales. ¿Por qué cuesta tanto reconocerlo?

Si usted vive en zonas rurales, probablemente convive con humedales sin saberlo. El Valle Maulino, a pesar de la pronunciada sequía de la última década, sigue siendo hogar de múltiples humedales. El batro, esa planta con la que nuestras abuelas y abuelos tejían sillas, canastos o esteras, aún brota en rincones húmedos. Si alguna vez ha caminado por un pequeño bosque con olor a tierra mojada, es probable que haya pisado los vestigios de un humedal. Estos espacios no solo son parte de nuestra identidad cultural y natural: son esenciales para la vida.

¿Por qué importan los humedales?

Son verdaderos amortiguadores frente al cambio climático: almacenan carbono, regulan el ciclo del agua, filtran contaminantes y albergan una biodiversidad que no se encuentra en ningún otro lugar. En países como Canadá, Nueva Zelanda o los Países Bajos, existen políticas robustas para su protección, restauración y manejo con participación ciudadana vinculante. En Chile, en cambio, la lentitud del Estado y la presión de los intereses económicos han debilitado su defensa.

En Talca, por ejemplo, el proyecto de un nuevo casino avanza pese a las objeciones de vecinos y organizaciones locales con argumentos técnicos sólidos. También se proyecta un mall de origen chino en una zona usada por la comunidad para recreación y conexión con la naturaleza. Ambos casos muestran cómo la inversión —cuando opera sin ética territorial ni conciencia ecológica— se impone a la participación ciudadana, al ordenamiento territorial y al buen vivir.

Mientras tanto, en el Congreso, se legisla a favor del consumo desmedido, con productos de baja durabilidad y obsolescencia programada que inundan nuestros campos y ciudades de basura. Gracias al fuerte lobby asiático, seguimos observando cómo intervienen en nuestra cultura de forma avasalladora bajo la excusa del desarrollo. Esta no es solo una cuestión estética o de residuos: es una política activa de desprotección del territorio. Y como muchas de estas empresas financian campañas electorales con cuantiosas sumas, no hay nada que enceguezca más que el poder del dinero.

Por eso duele aún más cuando, a nivel local, nos enteramos de situaciones indignantes, como la ocurrida en un predio privado donde se generó un humedal tras la extracción indebida de áridos para su venta. Luego, ese mismo lugar fue utilizado para recibir escombros y materiales contaminantes que, al parecer, no fueron aceptados en un relleno sanitario o cuyo traslado se quiso evitar. Cuando esta acción fue denunciada, el propietario decidió ocultar la evidencia, cubriéndola con camiones de material proveniente de orígenes desconocidos, y destruyendo la flora y fauna nativa (ranita de tres ojos, batro, entre otros)

Según el informe entregado por los concejales Fuentes, Campos e Ibáñez del municipio de Linares, el propietario, Abujatum, junto a su socio Pollman Muller, habría captado en 20 años una suma superior a los 2.000 millones de pesos. Si desea cotejar esta información, puede consultar en el Servicio de Impuestos Internos y en la Tesorería General de la República por el Rol 540-236. La verdadera sorpresa —o más bien indignación— es que las autoridades correspondientes, entre ellas el alcalde Mario Meza, Contraloría, el Servicio de Impuestos Internos, la Superintendencia de Medio Ambiente, el Servicio de Salud y el SAG, aún no respondan a esta denuncia ni inicien acciones claras. Y que la Fiscalía aún no ha citado a declarar a los involucrados, pese a las denuncias formales presentadas ante la Policía de Investigaciones (Brigada de Medio Ambiente) desde enero del presente año.

A nivel nacional, este gobierno llegó con una ambiciosa promesa ambiental. Hoy, a pasos de tortuga, ha logrado apenas lo mínimo, cuidando de no incomodar a las grandes inversiones. Pero usted ya lo ha notado: no basta con discursos verdes ni con días internacionales del medio ambiente. La protección de los humedales —y de todos los ecosistemas que sostienen la vida— sigue siendo postergada, esté el gobierno que esté.

Entonces, para las futuras generaciones, e incluso para nosotros mismos: ¿en qué mundo nos tocará vivir en 2050 si los humedales desaparecen?

Donde hay humedales, hay agua. Donde hay agua, hay futuro. Pero estas personas —impunes y protegidas— nos están privando de ese futuro. Hoy, Chile carece de una normativa firme que permita investigaciones rápidas, sanciones ejemplares y una fiscalización que no se doblegue ante el poder económico. Mientras algunos luchan por proteger los humedales, otros siguen lucrando a escondidas.