Fueron más de 140 medios de prueba los que expuso la Fiscalía Local de Linares en juicio oral, logrando que el tribunal condenara a Gustavo Dagoberto Contreras Carrasco por múltiples delitos de estafa en falsos negocios inmobiliarios.
Los hechos se remontan a febrero de 2022, cuando Contreras Carrasco, representante y único socio de Inmobiliaria América SPA, ofreció a través de internet y redes sociales lotes de 5.000 metros cuadrados en el supuesto proyecto de parcelación “Fundo San Benito de la Lechería”, ubicado en la comuna de Longaví. Para ello publicitó la venta de 100 lotes asegurando que contaban con luz eléctrica, agua potable rural y que estaban listos para construir. Los interesados pagaron una reserva y el saldo mediante un documento notarial.
"Se condenó al acusado por 24 delitos de estafa consistentes en que esta persona ofrecía lotes producto de una subdivisión para la venta. Las personas interesadas debían hacer una reserva como parte del precio por la suma de $7 millones. Con ello entendían que estaban haciendo dicha reserva del lote. Así también el acusado les indicaba que la tramitación en el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) estaba por terminar y que faltaba solo un par de meses para poder celebrar la compraventa del lote que se había escogido. Sin embargo, pasó el tiempo y no se llevaba a cabo la venta. Las personas solicitaban la devolución del dinero y el acusado les manifestaba que, por problemas con el SAG, se estaba demorando el trámite, pero que no había ningún problema y que en definitiva se iba a efectuar el negocio. Las víctimas no suscribieron la compra del lote, no recibieron el dinero que habían pagado como abono y el inmueble en cuestión donde se iba a realizar la subdivisión no era del acusado, sino que solamente había celebrado un contrato de promesa de compraventa con los propietarios. Es así que el tribunal dictó veredicto condenatorio por los delitos de estafa”, expresó el fiscal Alexie Crisóstomo, quien presentó la acusación en contra del imputado y llevó a juicio la causa.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó 47 testimonios, 96 documentos, cuatro sets fotográficos y el plano del predio, acreditándose la responsabilidad penal del acusado.
Por estos hechos, el Ministerio Público solicitó una pena única de diez años de presidio. La lectura de sentencia quedó programada para el 29 de octubre.
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