Director de Salud Comunal de Yerbas Buenas solicitó a Contraloría investigar eventuales irregularidades en la millonaria compra de medicamentos e insumos clínicos por parte de la administración Jonathan Norambuena

Director de Salud Comunal de Yerbas Buenas solicitó a Contraloría investigar eventuales irregularidades en la millonaria compra de medicamentos e insumos clínicos por parte de la administración Jonathan Norambuena
El director comunal de salud, Héctor Concha Pinochet hizo el requerimiento en Contraloría General de la República, junto a su abogado César Concha Aguilera.

La inédita presentación del cirujano dentista, Héctor Concha Pinochet pide revisar dos licitaciones con presupuestos que suman 800 millones de pesos y esclarecer posibles irregularidades en los precios, la evaluación de ofertas y eventuales conflictos de interés. El escrito incorpora la respuesta del alcalde, doctor Jonathan Norambuena, quien rechazó los cuestionamientos y sostuvo que se abstuvo de participar, que adjudicó el jefe comunal subrogante y que no intervino en las etapas previas ni en la selección. “Mi responsabilidad es velar por el cuidado de los recursos públicos en salud, que se gasten de forma eficiente, garantizando una atención de salud de excelencia. Por eso es que advertí esta situación al alcalde de la comuna, pero su respuesta no fue satisfactoria. Es por ello que estoy solicitando a la Contraloría General de la Republica, una investigación minuciosa para esclarecer los hechos acontecidos en estas licitaciones, el por qué se obtuvieron precios superando 3 veces sus valores, el por qué se cambiaron los parámetros de evaluación que siempre se usaban en salud, el por qué se agregó una visita de terreno que nosotros nunca solicitamos, el por qué las licitaciones fueron realizadas por una sola persona sin la presencia de la comisión técnica evaluadora del departamento de salud”, señaló el doctor Héctor Concha. También, En tanto el abogado patrocinante, César Concha Gatica “solicitó contrastar esa explicación con los registros del procedimiento”


Autor: septimapaginanoticias.cl

                       El director del Departamento de Salud de Yerbas Buenas, cirujano dentista Héctor Concha Pinochet, junto a su abogado César Concha Gatica, presentó ante la Contraloría Regional del Maule una solicitud de fiscalización de dos licitaciones municipales destinadas al suministro de medicamentos e insumos clínicos para la atención primaria.

Uno de los principales antecedentes corresponde a la licitación de medicamentos, con un presupuesto de 600 millones de pesos para 24 meses. Según los informes técnicos citados, se comparó una proyección de gasto de aproximadamente 303 millones de pesos con fabricantes con otra de 802 millones con la farmacia adjudicataria, una diferencia cercana a 499 millones de pesos. La presentación pide auditar esa comparación y aclara que la diferencia no constituye un perjuicio fiscal acreditado ni corresponde necesariamente a pagos realizados.

“Mi responsabilidad es velar por el cuidado de los recursos públicos en salud, que se gasten de forma eficiente, garantizando una atención de salud de excelencia. Por eso es que advertí esta situación al alcalde de la comuna, pero su respuesta no fue satisfactoria. Es por ello que estoy solicitando a la Contraloría General de la Republica, una investigación minuciosa para esclarecer los hechos acontecidos en estas licitaciones, el por qué se obtuvieron precios superando 3 veces sus valores, el por qué se cambiaron los parámetros de evaluación que siempre se usaban en salud, el por qué se agregó una visita de terreno que nosotros nunca solicitamos, el por qué las licitaciones fueron realizadas por una sola persona sin la presencia de la comisión técnica evaluadora del departamento de salud”, señaló el doctor Héctor Concha.

También se solicita examinar si el cambio desde la adjudicación por medicamento a listas completas pudo restringir injustificadamente la participación de proveedores.

INSUMOS CLÍNICOS

Respecto de la licitación de insumos clínicos, presupuestada en 200 millones, se pide esclarecer un vínculo comercial informado entre la empresa adjudicataria y una sociedad que, según los antecedentes presentados, era representada por el alcalde Jonathan Norambuena, además del alcance de su abstención.

El escrito incorpora la respuesta del alcalde, quien rechazó los cuestionamientos y sostuvo que se abstuvo de participar, que adjudicó el alcalde subrogante y que no intervino en las etapas previas ni en la selección. Se solicita contrastar esa explicación con los registros del procedimiento.

“Los antecedentes ameritan una fiscalización rigurosa. Hemos solicitado revisar los precios, la evaluación de las ofertas y los posibles conflictos de interés. Corresponde esclarecer si hubo perjuicio para el municipio y determinar las responsabilidades que procedan, sobre la base de los documentos y los pagos efectivamente realizados”, expresó el abogado César Concha.

La solicitud también pide revisar la actuación de las comisiones evaluadoras y de la Dirección de Control Municipal frente a las advertencias formuladas durante abril de 2026, así como evaluar medidas de protección para el denunciante. El objetivo es resguardar los recursos destinados a la salud de la comunidad de Yerbas Buenas.

Noticia en desarrollo…

DETALLES DE LA PRESENTACIÓN ANTE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA REGIÓN DEL MAULE

Talca, 04 de noviembre de 2026.

MAT.: Solicita fiscalización de    licitaciones de medicamentos e insumos clínicos de la Municipalidad de Yerbas Buenas y resguardo de derechos del denunciante.

ANT.: Memorándums N. º 72, de 13 de abril de 2026; N. º 85, de 21 de abril de 2026; N. º 90, de 27 de abril de 2026; N. º 15 e Informe Jurídico N. º 02, de 5 de mayo de 2026; solicitud de acceso a información MU342T0001838, de 2 de octubre de 2026.

 

A          : CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA

                REGION DEL MAULE.

 

DE       : CÉSAR EDUARDO CONCHA GATICA.

              Abogado, en representación del Dr. Héctor César Concha Pinochet

 

De mi consideración:

            En mi calidad de abogado y en representación del Dr. Héctor César Concha Pinochet, Director Comunal de Salud de la Municipalidad de Yerbas Buenas, solicito a vuestro servicio que, en ejercicio de sus atribuciones de control de legalidad y fiscalización de los recursos públicos, examine la regularidad de los procedimientos licitatorios ID 3780-17-LQ25, sobre suministro de insumos clínicos, e ID 3780-5-LR26, sobre suministro de medicamentos, comprendiendo sus etapas de preparación, evaluación, adjudicación y ejecución contractual. Esta solicitud se funda en los antecedentes comunicados formalmente por mi representado, que dan cuenta de eventuales infracciones a la normativa de contratación pública, al principio de probidad administrativa y a los deberes de abstención, así como de un posible detrimento patrimonial municipal, cuya existencia, alcance y responsabilidades corresponde esclarecer. Al poner estos hechos en conocimiento del órgano contralor, mi representado actúa en cumplimiento de sus obligaciones funcionarias y en resguardo de la juridicidad, del patrimonio público y de la continuidad del servicio de salud comunal que ha dirigido durante años.

 La personería se acreditará mediante el instrumento de mandato correspondiente. Para efectos de las comunicaciones relativas a este oficio, señalo el correo electrónico: [email protected]

           

Este oficio tiene por objeto esclarecer las actuaciones del alcalde Jonathan Eduardo Norambuena Barros y de quienes intervinieron en las decisiones observadas. Se funda en los antecedentes técnicos comunicados por mi representado y solicita contrastarlos con los expedientes y explicaciones municipales, mediante un examen externo e imparcial. No constituye reconocimiento de infracción alguna de su parte. Las referencias a eventuales ilícitos penales se formulan como hipótesis cuya investigación corresponde a los órganos competentes.

 

 

Contexto institucional y secuencia de las observaciones

La contratación de medicamentos e insumos clínicos de la atención primaria de Yerbas Buenas responde a necesidades asistenciales periódicas cuya definición exige conocimientos técnicos de farmacia, atención clínica, almacenamiento y continuidad terapéutica. Según los antecedentes proporcionados por mi representado, históricamente el Departamento de Salud intervenía en la preparación de las especificaciones técnicas y en la identificación de los productos requeridos; en los procedimientos aquí examinados, la tramitación se concentró en la unidad municipal de compras y se habría trasladado a un equipo ajeno al Departamento de Salud parte de la preparación de las bases técnicas. Corresponde verificar el alcance real de ese cambio, sus fundamentos, responsables y la validación sanitaria de los contenidos.

La secuencia documental permite examinar conjuntamente dos contrataciones: insumos clínicos solicitados en septiembre de 2025 y adjudicados en noviembre de ese año, y medicamentos requeridos en diciembre de 2025 y adjudicados en 2026. Las observaciones no surgieron únicamente de una discrepancia con los precios: comprenden la preparación de las bases, la intervención efectiva de las comisiones, el acceso a las ofertas, la configuración de la competencia, posibles intereses de terceros y el momento en que Salud recibió los expedientes. Estos elementos deben analizarse de manera integrada y contrastarse con las explicaciones municipales posteriores.

Trayectoria profesional y finalidad del oficio

            Mi representado es cirujano dentista y ha desarrollado durante mas de 25 años labores de dirección comunal de salud, cuya responsabilidad comprende el cuidado de los recursos humanos, materiales y financieros destinados a la atención primaria. Su actuación profesional y directiva se ha orientado al adecuado funcionamiento de la red y a la atención de la comunidad. Este oficio expresa su compromiso con el servicio que ha contribuido a conducir y con la correcta utilización de sus recursos.

            Los memorándums de abril de 2026 dan cuenta de observaciones técnicas que decidió formalizar ante la autoridad comunal y la Dirección de Control. Acudir ahora a este órgano de control tiene por objeto procurar que dichas advertencias reciban una revisión independiente, prevenir la continuación de eventuales irregularidades y cautelar el servicio que ha estado bajo su dirección. Se solicita ponderar esa conducta conforme a su deber de informar y resguardar la probidad, considerando las fechas y antecedentes que tuvo a su alcance.

Antecedentes que sustentan la fiscalización

  1. El Director Comunal de Salud comunicó al alcalde y a la administradora municipal observaciones a la licitación de medicamentos mediante memorándum N. º 72, de 13 de abril de 2026, y a la de insumos clínicos mediante memorándum N. º 85, de 21 de abril de 2026. Posteriormente puso ambos asuntos en conocimiento de la Directora de Control Municipal mediante memorándum N. º 90, de 27 de abril de 2026. Se acompañan copias de estos documentos.

 

  1. El alcalde respondió mediante memorándum N. º 15, de 5 de mayo de 2026, al cual se incorpora el Informe Jurídico N. º 02 de la misma fecha. La respuesta rechaza los cuestionamientos, invoca una abstención del alcalde respecto del proveedor de insumos, refiere una cesión de acciones de una funcionaria y sostiene que las observaciones son extemporáneas. Se acompaña íntegramente esta respuesta para que sus fundamentos sean verificados.

 

  1. Los memorándums remiten a escrituras, correos, registros, ofertas y otros respaldos que no se encuentran íntegramente reproducidos en las copias disponibles. Por ello, se solicita obtener sus originales y los expedientes electrónicos completos, sin considerar acreditado el contenido de esos instrumentos únicamente por su descripción en los memorándums.

 

  1. El 2 de octubre de 2026, este abogado ingresó la solicitud de acceso a información MU342T0001838, que comprende ambos expedientes, las actuaciones relacionadas con el memorándum N. º 90 y los nombramientos y dependencia de quienes intervinieron. El comprobante indica como fecha de respuesta el 2 de noviembre de 2026. Se acompaña para acreditar la gestión de obtención de antecedentes; no se denuncia un incumplimiento del plazo de respuesta.

Contratación de medicamentos y eventual perjuicio patrimonial

  1. Según el memorándum N. º 72, la solicitud de pedido N. º 281, de 30 de diciembre de 2025, comprendía 281 medicamentos y un presupuesto de $600.000.000 para 24 meses. El requerimiento fue remitido al Supervisor de Compras Públicas Municipal, Miguel Troncoso González, el 6 de enero de 2026, conforme al Instructivo N. º 11, de 4 de junio de 2025.

 

  1. El mismo documento señala que se estructuraron dos listas, de 182 y 99 medicamentos; se adjudicó la primera y se declaró desierta la segunda. La propuesta fue presentada al concejo el 12 de marzo de 2026 y el expediente habría sido entregado al área de adquisiciones de salud el 2 de abril, después de la adjudicación. El 6 de abril el químico farmacéutico requirente advirtió que los valores comprometerían la suficiencia del presupuesto para el período proyectado.

 

  1. El informe del químico farmacéutico Sergio Álvarez Leiva, de 8 de abril de 2026, señala que integró la comisión junto con Katerine Salgado Medel y Sharom Carriel Brito, y que advirtió, después de informársele la vigencia del contrato el 6 de abril, que sus firmas figuraban en documentos de apertura y evaluación pese a no haber participado, según su relato, en tales actuaciones. Esta afirmación requiere contrastarse con citaciones, actas, matrices, registros de acceso, documentos firmados y declaraciones de todos los integrantes; no se imputa por sí sola falsedad documental.

 

  1. La página 4 del memorándum N. º 72 compara una proyección de gasto de $302.763.690 con fabricantes y de $801.519.324 con la farmacia adjudicataria. La diferencia aritmética asciende a $498.755.634. Se solicita auditar la metodología y el respaldo de esa comparación, sin presentar dicha suma como un perjuicio consumado ni como pagos efectivamente realizados.

 

  1. Es necesario homologar cantidades, dosis, concentraciones, unidades, presentaciones, impuestos, condiciones de entrega, disponibilidad, calidad y períodos; individualizar adquisiciones efectivas y determinar si los precios eran superiores a alternativas realmente disponibles. Debe distinguirse entre riesgo de mayor gasto, obligación contractual y egreso pagado. La mera comparación entre fabricante y farmacia no permite presumir un sobreprecio ilícito.

 

  1. También se describen denominaciones genéricas del proceso, una visita a terreno obligatoria y adjudicación por listas completas. Se solicita determinar su justificación objetiva y técnica, su proporcionalidad y su incidencia en la participación de proveedores. No se sostiene que estas condiciones sean ilegales por sí mismas, sino que corresponde establecer si, en su aplicación conjunta, restringieron injustificadamente la competencia o favorecieron a un oferente.

 

  1. Históricamente, el Departamento de Salud de la Municipalidad de Yerbas Buenas desarrollaba sus procedimientos de adquisición de medicamentos mediante licitaciones que permitían la evaluación y adjudicación individual de cada producto o medicamento requerido. Si bien esta modalidad suponía una mayor carga administrativa, permitía que los distintos laboratorios farmacéuticos y distribuidores compitieran por cada medicamento, posibilitando seleccionar las ofertas económicamente más convenientes.

 

Sin embargo, en el procedimiento licitatorio ID 3780-5-LR26 se modificó sustancialmente esta modalidad, estableciéndose una adjudicación por listas completas de medicamentos, en lugar de permitir la adjudicación individual de cada producto.

 

En particular, los 281 medicamentos requeridos fueron distribuidos en dos listas, una de 182 productos y otra de 99, adjudicándose únicamente la primera y declarándose desierta la segunda.

 

Esta modificación resulta especialmente relevante, toda vez que la adjudicación por listas completas exige que los oferentes puedan suministrar la totalidad de los productos comprendidos en cada agrupación, lo que eventualmente puede excluir a fabricantes y distribuidores que, aun ofreciendo precios más competitivos para determinados medicamentos, no disponen de todos los productos exigidos.

 

  1. También se plantea que el empleo de la expresión «suministro», en lugar de denominaciones históricamente centradas en «medicamentos», pudo afectar la localización de la licitación por los proveedores habituales. El informe técnico denomina el procedimiento «Suministro de Medicamentos al Cesfam, SUR y PSR», por lo que no corresponde afirmar sin comprobación que se omitió la palabra «medicamentos» del título publicado. Deben revisarse el nombre exacto, los códigos de clasificación, palabras clave, descriptores y visibilidad en Mercado Público, y compararse oferentes y consultas con licitaciones anteriores. La palabra «suministro» no es irregular por sí sola.

 

  1. Otro antecedente que amerita especial atención es la participación y posterior adjudicación a favor del proveedor Roberto Carlos Araya González, vinculado comercialmente a Farmacia La Paz de Colbún.

 

Según los antecedentes documentales acompañados, los registros consultados en Mercado Público no evidenciaban contrataciones públicas anteriores del proveedor en los períodos examinados, circunstancia que hace necesario verificar su experiencia efectiva en procedimientos de contratación pública.

 

Este antecedente adquiere relevancia al analizar conjuntamente las modificaciones introducidas en el procedimiento licitatorio, particularmente la adjudicación por listas completas, la exigencia de una visita a terreno, los cambios en los criterios de evaluación económica y la denominación utilizada para identificar el procedimiento.

 

Por consiguiente, se solicita determinar si tales modificaciones contaron con una justificación técnica y económica suficiente, si incidieron en la participación de los laboratorios y distribuidores habituales y si, consideradas en conjunto, pudieron generar condiciones de competencia que favorecieran injustificadamente al proveedor finalmente adjudicado.

 

  1. Las observaciones sobre envases, almacenamiento y continuidad del abastecimiento requieren verificación técnica y sanitaria. Se solicita contrastarlas con las bases, autorizaciones del proveedor, oferta y ejecución real, sin asumir como demostradas las restricciones sanitarias enunciadas por el denunciante técnico.

Contratación de insumos clínicos y relación comercial vinculada al alcalde

  1. Los memorándums N. º 85 y N. º 90 señalan que la solicitud N. º 228, de 10 de septiembre de 2025, comprendía 162 insumos clínicos, con un presupuesto de $200.000.000 para 24 meses. Identifican como adjudicataria a Importadora y Comercializadora Aillón y Sierra SpA, RUT 77.187.331-6, representada por Andrónico Andrés Aillón Valenzuela. Refieren acuerdo del concejo de 25 de noviembre y adjudicación de 26 de noviembre de 2025.

 

  1. El informe del Departamento de Salud de 17 de abril de 2026 precisa que el requerimiento N. º 228 fue remitido al supervisor municipal el 8 de octubre de 2025, conforme al Instructivo N. º 11; refiere que la comisión fue integrada por Sergio Álvarez Leiva, Katerine Salgado Medel y Pamela Cisterna Yáñez. Señala asimismo que las firmas se requirieron con urgencia, incluso por WhatsApp, sin disponer de las ofertas para su revisión suficiente; que el 21 de noviembre se gestionaron firmas del memorándum N. º 042 y acta de evaluación; y que el expediente llegó a Adquisiciones de Salud recién el 15 de diciembre de 2025, después de la adjudicación de 26 de noviembre, la firma del contrato el 4 de diciembre y la orden de compra general del 5 de diciembre. Estas fechas deben cotejarse con los registros originales.

 

  1. La página 5 del memorándum N. º 90 describe una Unión Temporal de Proveedores entre dicha empresa y Farmacia San Mateo SpA, representada por Jonathan Eduardo Norambuena Barros, constituida el 12 de julio de 2024 y con vigencia indicada hasta el 12 de julio de 2027, para una contratación de insumos y dispositivos médicos en modalidad de convenio marco. Añade que Aillón y Sierra habría participado individualmente en la licitación municipal.

 

  1. Este antecedente exige comprobar el instrumento de UTP, sus integrantes y representantes, modificaciones, vigencia efectiva, obligaciones económicas y eventuales beneficios o suministros entre las empresas. La oferta individual del adjudicatario no permite descartar sin examen el vínculo comercial informado; tampoco la existencia de una UTP en otro procedimiento demuestra automáticamente una inhabilidad para este contrato.

 

  1. En su respuesta, el alcalde alude a su vínculo con “Clínica San Mateo” y afirma haber suscrito una declaración de abstención al abrirse las ofertas, señalando que adjudicó el alcalde subrogante y que él no participó en las etapas previas ni en la selección. Se solicita verificar esa explicación, identificar por RUT las entidades denominadas Farmacia o Clínica San Mateo y determinar la calidad jurídica y patrimonial del alcalde en ellas durante el procedimiento.

 

  1. La revisión debe abarcar la fecha y alcance de la abstención, su comunicación, la subrogación y cualquier intervención en requerimientos, bases, consultas, evaluación, concejo, adjudicación, contrato, pagos o decisiones posteriores. Debe examinarse asimismo la intervención del alcalde al responder y desestimar observaciones referentes a su propio vínculo comercial. La sola firma del subrogante no acredita la ausencia de toda intervención anterior o posterior del titular.

 

  1. En materia de precios, el memorándum N. º 85 distingue 35 productos considerablemente elevados y otros 127 más económicos o sin gran variación. Se pide un examen del costo total ponderado por consumo y de los pagos efectivos, particularmente respecto de insumos de curación avanzada. No corresponde extender el reparo de 35 productos a toda la contratación sin dicho análisis.

 

Evaluación de ofertas y distribución de responsabilidades

  1. En los memorándums de mi representado se cuestiona la participación efectiva de la comisión y se informa que se solicitaron firmas urgentes sin acceso suficiente a las ofertas. La respuesta jurídica municipal sostiene que existió convocatoria y que funcionarios de salud no pudieron asistir por sobrecarga laboral. Corresponde reconstruir lo efectivamente sucedido, distinguiendo convocatoria, acceso a antecedentes, evaluación, elaboración de documentos y visaciones. La descripción de esas circunstancias por el denunciante no importa aceptar como propia la calificación de responsabilidad que la autoridad pretende atribuirle.

 

  1. Ambas contrataciones excederían 1.000 UTM según los montos informados. El artículo 54 del decreto supremo N. º 661, de 2024, del Ministerio de Hacienda, exige evaluación por una comisión de al menos tres integrantes en los términos reglamentarios. Debe establecerse quién asignó puntajes y efectuó la comparación, si existió revisión colegiada real y si las actas corresponden a actuaciones efectivamente desarrolladas.

 

  1. Los antecedentes del Dr. Concha también indican que el encargado que habría conducido las etapas estaba contratado a honorarios. Se pide verificar esa calidad, contrato, funciones y habilitaciones. Conforme al artículo 12 bis de la Ley N. º 19.886, quienes prestan servicios a honorarios en contratación o ejecución contractual tienen calidad de agentes públicos para todos los efectos legales. En consecuencia, esa modalidad no autoriza a suponer ausencia de responsabilidad administrativa, civil o penal.

 

  1. Se solicita individualizar la intervención del supervisor de compras (Miguel Troncoso Gonzalez), funcionario de SECPLAN, y de las autoridades y unidades que prepararon, evaluaron, visaron o aprobaron las decisiones observadas. Respecto de las firmas o vistos buenos que se atribuyen a mi representado, debe verificarse el documento concreto, la competencia ejercida, su fecha, el contenido y los antecedentes que tuvo efectivamente a su disposición. Su sola existencia no autoriza a presumir conocimiento del vínculo comercial informado, aceptación de un sobreprecio, intervención en la evaluación o participación en una conducta ilícita. Las advertencias formuladas y las actuaciones posteriores de resguardo deben ponderarse conforme a su mérito, sin que este oficio implique una falta de diligencia ni renuncie a controvertir cualquier imputación.

 

  1. Respecto de cambios en criterios o porcentajes, corresponde reconstruir sus versiones, fechas, autores, aprobación y publicación, distinguiendo modificaciones anteriores a la convocatoria, cambios durante el procedimiento y aplicación de parámetros distintos a los publicados. La ausencia de acuerdo del requirente, por sí sola, no demuestra ilegalidad.

 

  1. El memorándum N. º 72 informa que una ejecutiva de OPKO S.A. llamó al Director Comunal durante la publicación para plantear posibles restricciones de concurrencia y que mi representado transmitió esa información internamente, instruyendo su comunicación al supervisor de compras. La respuesta municipal objeta el contacto. Deben verificarse su contenido íntegro, contexto, finalidad y actuaciones posteriores, conforme al artículo 35 ter. Recibir y derivar una advertencia no puede equipararse, sin examen de los hechos y de la norma aplicable, a negociar, entregar información privilegiada o favorecer al oferente. Se controvierte cualquier atribución automática de infracción a partir del solo relato del contacto.

Actuación de la Dirección de Control Municipal frente a las irregularidades informadas

  1. Con fecha 27 de abril de 2026, mediante memorándum N.º 90, mi representado puso formalmente en conocimiento de la Dirección de Control Municipal las observaciones e irregularidades detectadas en los procedimientos licitatorios de medicamentos e insumos clínicos, solicitando su intervención dentro del ámbito de sus competencias.

 

Sin embargo, según informa mi representado, hasta la fecha no ha recibido una respuesta formal de dicha unidad que dé cuenta de las actuaciones de fiscalización desarrolladas, de las conclusiones alcanzadas o de las medidas adoptadas respecto de los antecedentes comunicados.

 

Esta circunstancia adquiere especial relevancia atendidas las funciones de control de legalidad, auditoría operativa interna y fiscalización que el artículo 29 de la Ley N.º 18.695 encomienda a la Dirección de Control Municipal.

 

En consecuencia, se solicita a esa Contraloría Regional determinar si la Dirección de Control dio curso efectivo a los antecedentes contenidos en el memorándum N.º 90, qué diligencias practicó, cuáles fueron sus resultados y si adoptó las medidas que correspondían dentro de sus competencias.

 

Asimismo, se solicita establecer si existió alguna omisión administrativa relevante en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, individualizando, en su caso, las responsabilidades que legalmente correspondan.

 

Determinación de la intervención técnica y autoría de las bases

  1. La composición de las comisiones debe analizarse separadamente: en insumos clínicos, Sergio Álvarez Leiva, Katerine Salgado Medel y Pamela Cisterna Yáñez; en medicamentos, Sergio Álvarez Leiva, Katerine Salgado Medel y Sharom Carriel Brito. La sola presencia de firmas no resuelve quién preparó las bases, diseñó criterios, examinó ofertas, elaboró matrices o propuso adjudicar. Se requiere reconstruir la trazabilidad de versiones, instrucciones, reuniones, accesos, comunicaciones y visaciones, identificando tanto a funcionarios de Salud como a personal municipal de Compras, SECPLAN y autoridades competentes.

 

Debe establecerse si el equipo que centralizó la elaboración de las especificaciones técnicas contaba con atribuciones, competencias y asesoría clínica suficientes; si hubo revisión o validación del Departamento de Salud; y si los cambios en denominación, agrupación de productos, visita obligatoria, requisitos de oferta o evaluación pudieron operar conjuntamente como barreras injustificadas. El examen no debe confundir el diseño técnico del requerimiento con la confección administrativa de las bases ni presumir responsabilidad individual por la sola pertenencia a una comisión.

Fundamentos jurídicos y necesidad de un control independiente

  1. La competencia fiscalizadora se funda en la Ley N. º 10.336, cuyo texto refundido fue fijado por el decreto N. º 2.421, de 1964, y en el artículo 35 decies de la Ley N. º 19.886. Se solicita un examen de juridicidad, probidad y regularidad del gasto; no la sustitución del mérito de una decisión municipal lícita por una preferencia comercial distinta.

 

  1. Son pertinentes los artículos 52 y 62 de la Ley N. º 18.575; los artículos 2 bis, 6, 10, 12 bis y 35 bis a 35 sexies de la Ley N. º 19.886; el artículo 54 del reglamento aprobado por decreto supremo N. º 661, de 2024; y los artículos 11, 12 y 53 de la Ley N. º 19.880. En cuanto al deber de comunicar irregularidades, resulta relevante el artículo 58, letra l), de la Ley N. º 18.883, en relación con la aplicación supletoria prevista en el artículo 4 de la Ley N. º 19.378. Debe examinarse asimismo la procedencia de las medidas de protección de denunciantes previstas en la Ley N. º 21.592 y demás disposiciones aplicables, atendidos sus requisitos y vía de ingreso.

 

  1. La estricta sujeción a las bases no convierte en lícita una exigencia contraria a la ley. Asimismo, la adjudicación no impide todo control posterior: el artículo 53 de la Ley N. º 19.880 contempla invalidación dentro de dos años desde la notificación o publicación, previa audiencia del interesado. Deben ponderarse la entidad del vicio, el procedimiento aplicable, los derechos de terceros y los efectos contractuales. El artículo 35 sexies contempla, además, nulidad por infracciones al capítulo de probidad contractual, cuya eventual aplicación se solicita examinar.

 

  1. La respuesta municipal y el informe jurídico constituyen antecedentes sujetos a fiscalización, no un pronunciamiento que impida verificar externamente los hechos. El posible involucramiento de la autoridad superior y de unidades que intervinieron en las compras hace especialmente necesario que el examen no quede limitado a una nueva respuesta de los mismos órganos observados.

 

  1. Si se comprobara un interés incompatible o intervención en favor de asociados, los antecedentes podrían adquirir relevancia para los artículos 240 y 240 bis del Código Penal. Si se acreditara una defraudación dolosa con perjuicio patrimonial en operaciones relacionadas con el cargo, podría resultar pertinente el artículo 239. Se pide a Contraloría esclarecer los hechos y remitir antecedentes a los órganos competentes cuando proceda, sin solicitarle declarar responsabilidad penal ni esperar para ello el término de un procedimiento disciplinario si existe deber legal de denunciar.

Resguardo de la posición funcionaria y del derecho de defensa

            La comunicación de estos antecedentes se realiza en cumplimiento del deber de informar irregularidades y con reserva íntegra de los derechos de mi representado. La exposición de antecedentes o la solicitud de una fiscalización no constituyen confesión, aceptación de cargos, reconocimiento de negligencia ni renuncia a impugnar hechos, calificaciones o decisiones que pudieren afectarlo. Tampoco se acepta la tesis municipal de que una firma, sin examen de su objeto y contexto, trasladaría a su persona la totalidad de las responsabilidades del procedimiento.

Si de la fiscalización surgiera alguna observación relativa a mi representado, se solicita que sea individualizada y comunicada por la vía legal correspondiente, con precisión de la conducta, deber presuntamente infringido y antecedentes que la sustenten. Deberá asegurarse acceso al expediente en la oportunidad legal, asistencia letrada, posibilidad efectiva de formular descargos, rendir prueba e impugnar las decisiones. Se reservan las alegaciones sobre intervención efectiva, competencia, conocimiento, culpabilidad, causalidad y demás defensas y circunstancias que procedan según el mérito de los antecedentes.

Asimismo, se solicita evaluar las medidas de protección que legalmente correspondan a quien denuncia, de acuerdo con la Ley N. º 21.592 y las disposiciones estatutarias aplicables, sin presumir que su concesión sea automática. Esta petición procura prevenir decisiones adversas motivadas por la denuncia; no pretende sustraer a mi representado de controles legítimos ni solicitar un pronunciamiento sobre procedimientos relativos a hechos distintos.

Diligencias y medidas solicitadas

Por las razones expuestas, solicito:

  1. Tener por recibidos los antecedentes y disponer una fiscalización o auditoría especial de ambos procesos y de su ejecución hasta la fecha que se determine, con examen de legalidad, conflictos de interés y regularidad del gasto.
  2. Requerir y preservar los expedientes íntegros, incluidos requerimientos, estudios de mercado, bases y versiones, decretos, preguntas y respuestas, ofertas, evaluaciones, acuerdos del concejo, contratos, garantías, órdenes de compra, recepciones, facturas, pagos y antecedentes del control contractual. Obtener registros de publicación, modificaciones y accesos que estén disponibles.
  3. Requerir la UTP y antecedentes societarios señalados; declaración de abstención y subrogación; cesión de acciones y registro de accionistas; declaraciones de intereses y patrimonio, de ausencia de conflictos y del proveedor, según correspondan. Verificar vínculos y beneficiarios efectivos a las fechas de cada actuación.
  4. Obtener el Instructivo N. º 11 de 2025, delegaciones, contratos y nombramientos, organigramas y funciones de compras y SECPLAN, identificando a las personas que prepararon, evaluaron, visaron y aprobaron cada actuación.
  5. Recibir los antecedentes que mi representado aporte por intermedio de esta representación y, si se estima necesaria su declaración, citarlo precisando el objeto y la calidad en que comparecerá, con pleno respeto de los derechos que correspondan a esa calidad.
  6. Recibir además declaración del químico farmacéutico Sergio Álvarez Leiva, de Lorena Lillo Saldaña y Cecilia Rojas Tolosa, de las comisiones evaluadoras, de Miguel Troncoso González, de José Hernán Olivares Quiroz y de las demás personas cuya intervención surja del expediente.
  7. Requerir antecedentes al proveedor y a las sociedades vinculadas por los medios legalmente procedentes.
  8. Recibir, en la forma legal procedente, declaración de Katerine Salgado Medel, Pamela Cisterna Yáñez y Sharom Carriel Brito, además de Sergio Álvarez Leiva, distinguiendo en cada proceso su conocimiento de las ofertas, participación real en sesiones, revisión de actas y circunstancias de suscripción.
  9. Practicar una comparación técnica y económica homogénea, determinar el monto efectivamente pagado y establecer la existencia y cuantía de un eventual detrimento patrimonial, su causa y responsables. Precisar separadamente riesgos futuros, obligaciones devengadas y desembolsos realizados.
  10. Requerir el registro de recepción y las actuaciones de la Dirección de Control frente al memorándum N. º 90, así como las decisiones municipales posteriores a las advertencias, verificando si se adoptaron medidas oportunas dentro de sus competencias.
  11. Determinar si corresponde disponer medidas correctivas o preventivas, revisión de actos o contratos y resguardo de recursos públicos.
  12. Si existen antecedentes suficientes, instruir directamente o disponer la instrucción de los procedimientos disciplinarios procedentes, con garantías de imparcialidad, individualizando la responsabilidad de cada interviniente.
  13. Si se advierten hechos que revistan caracteres de delito o que justifiquen defensa patrimonial, remitir los antecedentes al Ministerio Público y, cuando corresponda, al Consejo de Defensa del Estado; evaluar asimismo las acciones de reintegro o de cuentas que legalmente procedan.
  14. Tener presente que mi representado comparece como denunciante en cumplimiento de sus deberes funcionarios y con íntegra reserva de sus defensas; resguardar sus derechos en toda actuación que pudiera afectarlo y evaluar las medidas de protección procedentes conforme a la Ley N. º 21.592 y demás normativa aplicable, o indicar la vía y requisitos necesarios para solicitarlas.
  15. Agradeceré disponer las actuaciones de fiscalización que correspondan e informar su resultado a esta representación, considerando las solicitudes y medidas de resguardo detalladas en este oficio.

                                               

 

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,

 

 

CÉSAR EDUARDO CONCHA GATICA                                                                                16.273.940-9                                                                                                                               Abogado
Rep Legal.  Dr. Héctor César Concha Pinochet

 

Adjuntos

  1. Memorándum N. º 72, de 13 de abril de 2026, del Director Comunal de Salud, sobre la licitación ID 3780-5-LR26.
  2. Memorándum N. º 85, de 21 de abril de 2026, del Director Comunal de Salud, sobre la licitación ID 3780-17-LQ25.
  3. Memorándum N. º 90, de 27 de abril de 2026, dirigido a la Directora de Control Municipal.
  4. Memorándum N. º 15, de 5 de mayo de 2026, del alcalde, con Informe Jurídico N. º 02 de la misma fecha incorporado en la copia disponible.
  5. Comprobante de solicitud de acceso a información MU342T0001838, ingresada el 2 de octubre de 2026, 2 páginas.
  6. Informe técnico del químico farmacéutico Sergio Álvarez Leiva dirigido al Director Comunal de Salud, de 8 de abril de 2026, relativo a medicamentos.
  7. Informe del Departamento de Salud de 17 de abril de 2026, sobre proceso licitatorio de insumos clínicos ID 3780-17-LQ25
  8. Compilación «Evidencias Medicamentos»
  9. Compilación «Evidencias Insumos Clínicos»