La columna de opinión de Lenin Fuentes Barros: Cuando La Justicia Se Posterga...

Por Lenin Fuentes Barros (trabajador social y concejal por la Municipalidad de Linares)

            Lo ocurrido con el denominado Caso Cloro en Linares ya no puede observarse únicamente como un problema judicial. Se ha convertido también en un asunto de profunda preocupación ciudadana, porque pone en discusión la responsabilidad de las autoridades públicas, la transparencia en el ejercicio del poder y, especialmente, la confianza de la comunidad en que la justicia actúa con igualdad para todos.

La nueva suspensión de la audiencia de preparación de juicio oral vuelve a instalar una pregunta legítima entre los habitantes de Linares: ¿cuánto tiempo más deberá esperar la ciudadanía para que este caso avance hacia una resolución judicial?

Cuando una investigación involucra a quien ejerce la máxima autoridad comunal, el alcalde Mario Meza Vásquez, la responsabilidad institucional adquiere una dimensión todavía mayor. No se trata de establecer responsabilidades penales a través de la opinión pública, porque esa tarea corresponde exclusivamente a los tribunales de justicia. Se trata de reconocer que los hechos investigados y las sucesivas postergaciones del proceso tienen consecuencias que van mucho más allá de los protagonistas de la causa.

La ciudadanía necesita certezas, explicaciones y, sobre todo, señales concretas de que nadie está por encima de la ley y esas señales y certezas hoy no se ven.

Cada nueva suspensión de una audiencia genera frustración y alimenta la percepción de que el proceso no consigue avanzar. En una comuna donde las instituciones deberían representar garantías de transparencia y probidad, esta situación termina profundizando la desconfianza.

En este contexto, es legítimo preguntarse si la reiteración de aplazamientos está produciendo, en los hechos, un escenario favorable para que el alcalde pueda completar su período sin que exista una definición judicial sobre los antecedentes que lo involucran.

No corresponde afirmar, sin pruebas, que cada suspensión obedece a una maniobra deliberada del edil. Sin embargo, tampoco resulta razonable exigirle a la comunidad que observe pasivamente cómo se acumulan las postergaciones sin preguntarse por sus causas, sus responsables y sus consecuencias.

Si la percepción ciudadana es que el tiempo se transforma en un recurso para dilatar la rendición de cuentas, estamos frente a un problema que compromete la credibilidad de las instituciones.

Hay un elemento especialmente relevante que debe ser transparentado. Según los antecedentes publicados, la suspensión de la audiencia del 3 de noviembre se produjo porque algunas actuaciones del Consejo de Defensa del Estado, particularmente su acusación particular y demanda civil, no fueron notificadas a todos los acusados dentro del plazo legal de diez días establecido en el artículo 262 del Código Procesal Penal. La nueva fecha quedó fijada para el 10 de marzo de 2027.

Este antecedente obliga a ser rigurosos: el problema de notificación no demuestra que Mario Meza haya provocado la suspensión ni que exista una estrategia concertada de su defensa para dilatar el procedimiento. Pero sí permite plantear una preocupación política legítima: el efecto concreto de estas sucesivas postergaciones sobre la rendición de cuentas de una autoridad que continúa ejerciendo el cargo.

Porque mientras la justicia espera, el alcalde sigue siendo alcalde. Y mientras el calendario judicial avanza lentamente, la ciudadanía continúa esperando respuestas.

Uno de los mayores daños que puede provocar esta situación es instalar en la comunidad la convicción de que existen ciudadanos que deben responder rápidamente por sus actos y otros que, por ocupar posiciones de poder, parecen disponer de tiempos y condiciones diferentes.

Esa percepción es profundamente perjudicial para la democracia.

La impunidad no solamente se expresa cuando un delito queda sin sanción. También puede instalarse como una sensación colectiva cuando las instituciones no consiguen entregar respuestas oportunas, cuando los procesos se prolongan indefinidamente y cuando la ciudadanía comienza a perder la confianza en que las responsabilidades serán finalmente determinadas.

Linares no puede acostumbrarse a esta situación. No puede normalizar que una investigación de esta magnitud se transforme en una espera interminable ni que la discusión pública termine reducida a los aplazamientos de una audiencia.

El alcalde tiene derecho a defenderse, a utilizar todas las herramientas procesales que la ley le reconoce y a exigir el respeto irrestricto al debido proceso. Pero ese derecho no elimina su responsabilidad política frente a una comunidad que merece explicaciones y que tiene derecho a exigir estándares superiores de transparencia a quienes administran sus recursos.

La nueva postergación hasta marzo de 2027 plantea también una exigencia a las instituciones involucradas. El Consejo de Defensa del Estado debe aclarar las circunstancias que originaron los problemas de notificación y adoptar las medidas necesarias para que no vuelvan a repetirse. El Poder Judicial debe garantizar que la próxima audiencia pueda desarrollarse con todas las exigencias legales cumplidas.

No se puede permitir que errores administrativos, negligencias o deficiencias de coordinación terminen convirtiéndose en obstáculos permanentes para el esclarecimiento de hechos que comprometen recursos públicos.

Y a Mario Meza le corresponde comprender que la presunción de inocencia, que nadie debe desconocer, no puede confundirse con ausencia de responsabilidad política ni con una autorización para eludir el escrutinio ciudadano.

La pregunta de fondo es sencilla: ¿puede Linares seguir desarrollando su vida institucional bajo la sombra de una investigación de esta naturaleza, sin que exista una respuesta clara sobre los hechos que se investigan?

No se trata de anticipar una condena ni de reemplazar a los tribunales. Se trata de defender el derecho de la comunidad a conocer la verdad, recuperar los recursos públicos si corresponde y exigir que quienes ejercen responsabilidades de representación popular estén disponibles para rendir cuentas.

Linares necesita recuperar la confianza en sus instituciones. Necesita saber que la justicia no distingue entre autoridades y ciudadanos comunes, que los recursos públicos se respetan y que el poder político no constituye un privilegio frente a las exigencias de la ley.

Porque la justicia que se posterga reiteradamente termina poniendo a prueba la paciencia ciudadana, pero también la credibilidad del Estado de Derecho. Y Linares no puede seguir esperando indefinidamente una respuesta.