La búsqueda silenciosa

Por Marcos Álvarez Yáñez (sociólogo)

     El día de ayer conocimos la historia de Patricia Cartes Ibáñez, actriz de 74 años, quien lleva una semana de huelga de hambre por la desaparición forzada de su compañero Fernando de la Cruz Olivares Mori, detenido el 5 de octubre de 1973 del Centro Latinoamericano de Desarrollo Empresarial en Santiago. Cruz Olivares fue detenido y desaparecido desde el Ministerio de Defensa; su cuerpo fue enterrado y luego devuelto por ser uno de los cuerpos mal reconocidos del Patio 29 del cementerio general de Santiago. “Desde entonces, no he recibido ninguna explicación clara ni verdadera; se trata sólo de información estadística que no refleja la realidad individual de cada uno de nuestros familiares detenidos desaparecidos", expresó la gestora cultural en una carta enviada al medio Séptima Página Noticias.

Es imposible no conmoverse con la carta enviada por Cartes, quien ha buscado a su pareja durante más de 50 años para conocer la verdad y hacer justicia como una forma de consuelo ante la violación a los derechos humanos que cometió la dictadura de Pinochet contra su familia. 

Por su parte, el Estado en democracia ha tratado de impulsar distintas políticas para que vengan a reparar el daño de perder a un ser querido durante la época más sangrienta en nuestro país. Una de ellas es el PRAIS. El Programa de Reparación y Atención en Salud, el cual ofrece distintas prestaciones de salud para personas víctimas de las violaciones a los derechos humanos, familiares de las víctimas y personas con secuelas generadas por el daño transgeneracional generado a causa del régimen. 

He tenido la suerte de ser beneficiario de este programa debido a que mi madre fue exonerada política durante la dictadura, siendo expulsada de su trabajo en la Corporación de la Reforma Agraria (CORA). El PRAIS me ha permitido a mí y a mi familia tener prestaciones de salud gratuitas, al igual que a las más de 700.000 personas son parte del programa; sin embargo, a contar de este año, la cartera de salud ha tenido un recorte presupuestario importante que hace que las prestaciones del programa hayan sido disminuidas, afectando a los usuarios de este. 

Así también cabe destacar el esfuerzo del Gobierno del Presidente Gabriel Boric por esclarecer la verdad y justicia para cientos de víctimas con la creación del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia que ha permitido rastrear a más de mil personas que aún registran un paradero desconocido. Entre esas acciones está la búsqueda en nuestra zona, específicamente en la Escuela de Artillería, el polígono de tiro General José María Bari y la Colonia Dignidad en la cordillera de Parral, lugares en donde se cometieron desapariciones, torturas y muertes de agentes del estado en contra de ciudadanos, según lo indicado en los distintos informes de la Comisión Verdad y Reconciliación, conocida como la Comisión Rettig.

La recientemente anunciada expropiación de Colonia Dignidad ha traído una serie de críticas por parte de la diputada por el Maule sur, Paula Labra (RN), quien ha criticado al Gobierno por no tomar en cuenta la voz de los hijos de los colonos en el proceso como tal, y que a mi juicio da un punto clave; sin embargo, su crítica va más allá, culpando al Presidente de que el embargo del enclave alemán es un gesto político hacia el Partido Comunista, pretendiendo encubrir esta decisión ideológica y haciéndola pasar por política de Estado.

No creo que este gesto tenga que ver con una cuestión ideológica; tiene que ver con algo de sentido común. En más de 60 años, el Estado de Chile nunca se hizo cargo de lo que allí pasaba. ¿Dónde extranjeros exterminaron chilenos en nuestro propio país? Por eso no me extraña que la diputada no sea capaz de ver un poco más allá, porque la derecha en este país encubrió constantemente los crímenes cometidos por Schäfer y sus secuaces. 

Por eso, diputada, no queremos otra frase como la del exMinistro Hernán Larraín: “Para serle franco, no me acuerdo” cuando le preguntaron acerca de sus acciones a favor de la Colonia y en contra de los allanamientos policiales a Dignidad. 

La memoria no es negociable, porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia.

(El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de Séptima Página Noticias).