Denuncian ante la ONU el uso de Colonia Dignidad como centro de tortura de la Dina y la destrucción de pruebas judiciales
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La Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad presentó testimonios clave ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas en Ginebra. En dicha ocasión, el testimonio de sobreviviente involucra directamente a Paul Schäfer y Helmut Hopp en torturas e interrogatorios, así como en la entrega de prisioneros a la DINA. Por último, alertaron sobre la alteración de sitios del delito e inundación de subterráneos por parte de las empresas de los colonos, y rechazan la anulación de la expropiación decretada por el Gobierno de José Kast
Fuente: Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad. Autor: septimapaginanoticias.cl
La Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad presentó testimonios clave ante el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas en Ginebra. En dicha ocasión, el testimonio de sobreviviente involucra directamente a Paul Schäfer y Hartmut Hopp en torturas e interrogatorios, así como en la entrega de prisioneros a la DINA. Además, alertaron sobre la alteración de sitios del delito e inundación de subterráneos por parte de las empresas de los colonos, y rechazan el anuncio del Gobierno de José Kast de revertir la expropiación de polígonos de la ex Colonia Dignidad.
En el marco de la sesión del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad expuso graves antecedentes que reafirman el vínculo operativo entre el enclave alemán y la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) durante la dictadura militar chilena.
Durante las audiencias, la sobreviviente María Isabel Romero Méndez presentó su testimonio sobre su detención el 28 de junio de 1975 y su traslado a Colonia Dignidad. Romero detalló haber permanecido retenida 20 horas en las que fue interrogada y torturada por Paul Schäfer y Hartmut Hopp antes de ser entregada en la zona de San Javier al agente represivo Osvaldo "Guatón" Romo. En su declaración, aportó información crucial sobre la suerte de prisioneras y prisioneros políticos trasladados a Villa Grimaldi que hoy figuran como detenidos desaparecidos, entre ellos Carolina Wiff, Mireya Rodríguez, Michelle Peña, Carlos Lorca, Rosa Solís y Sara Donoso.
Por su parte, Paola Peebles Vlahovic, hija del ex prisionero político Luis Peebles, denunció ante el organismo internacional que las sociedades comerciales pertenecientes a los perpetradores y sus herederos continúan explotando el recinto con fines recreativos (hotel, spa y restaurante) mientras destruyen evidencia fundamental para la justicia y el Plan Nacional de Búsqueda. Peebles detalló que el recinto donde funcionó el cuartel de la DINA —reconocido judicialmente por el sobreviviente Erick Zott en enero de 2025— fue objeto de limpiezas no autorizadas. Asimismo, denunció la inundación provocada de los subterráneos del museo y del galpón de heno para alterar marcas e inspecciones judiciales.
Por último, Lelia Pérez Valdés denunció un retroceso institucional en la persecución de violaciones a los derechos humanos, señalando que se ha debilitado el programa que investiga los delitos cometidos durante el estallido social, lo que reduce la capacidad del Estado para esclarecer las vulneraciones más recientes. Asimismo, alertó sobre una convergencia entre sectores políticos afines al gobierno y parlamentarios para promover la libertad de condenados por crímenes de lesa humanidad, minando el valor de los fallos judiciales logrados tras décadas de litigio. También, advirtió sobre una modalidad de "impunidad pasiva" dentro del propio Programa de Derechos Humanos, denunciando que esta entidad —encargada de la defensa de las víctimas— recibió instrucciones de no apelar frente a las solicitudes de beneficios de libertad de los perpetradores, renunciando así al rol activo que históricamente sostuvo en la persecución penal. Por último, señaló la campaña de desprestigio dirigida contra el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), organismo autónomo que ha cumplido un rol relevante en el monitoreo y litigio en esta materia.
La organización exigió avanzar en las investigaciones sobre los ex colonos que residen impunes en Alemania. Asimismo, expresaron su categórico rechazo a la decisión del Gobierno de José Kast de revertir la expropiación del Sitio de Memoria. "Renunciar a la expropiación como lo decidió el gobierno de José Kast es un grave retroceso que vulnera los compromisos internacionales de Chile en materia de verdad, justicia, reparación, memoria y no repetición", aseveró Peebles.
